CARLOS II BARRERA SÁNCHEZ
Responder la
pregunta que plantea la autora del libro parece pertinente y muy oportuno en
los actuales momentos en el país, en donde el Gobierno de Colombia está
desarrollando desde octubre de 2012, y de manera formal, una negociación con
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejercito del Pueblo (FARC-EP),
guerrilla colombiana con más de 50 años visibles de lucha insurgente. Pero
además de la negociación en curso, se muestran abiertas las puertas para un
proceso de paz con el Ejercito de Liberación Nacional (ELN), sin dejar de
mencionar la etapa actual de posconflicto que se vive luego del proceso de
desmovilización de las Autodefensas Unidades de Colombia. En este orden de
ideas, las siguientes líneas tienen la intención de motivar e iniciar con la
discusión y la reflexión sobre el conflicto colombiano, pensando en el camino
que se deberá tomar para lograr los mayores nivel de satisfacción tanto entre
las partes en confrontación, como en la población civil. Se presentará, además,
una propuesta de implementación dentro del marco del proceso de justicia
transicional que pueda eventualmente desprenderse del actual escenario de
negociación y paz. En este orden de ideas, el caso peruano, explorado con
detalle en el libro de Natalia Springer, puede ser visto como una guía para
Colombia, sobre todo teniendo en cuenta que para ambos conflictos pueden ser
identificados puntos en común, aunque también notables diferencias.
Tratando de entender
y reflexionar sobre lo profundo, lo primero que hay que decir es que la paz no
puede ser entendida solo como la desmovilización de las guerrillas colombianas.
Así mismo, la paz no debe ser firmada entre las partes formales en conflicto
(Gobierno-Insurgencia), sino construida entre las partes y con la ayuda y
participación de la sociedad civil. La paz debe ser asimilada como un concepto
integral que incluya el silencio de los fusiles, la reconciliación nacional, el
esclarecimiento de la verdad, la reparación de las víctimas, la identificación
y señalamiento de los responsables; y además, el desarrollo social y económico
de la sociedad posconflicto, la protección, fortalecimiento y desarrollo rural
y el mejoramiento de las condiciones adversas que dieron origen al conflicto.
En este sentido, la
respuesta a la pregunta que encabeza el libro es que si Colombia quiere una paz
(y no solo el silencio de los fusiles) construida sobre bases sociales sólidas,
debe pensar en negociar y lograr la paz, sin dejar de lado ni renunciar nunca a
la justicia. No es una tarea fácil, pues siempre se piensa en sacrificar uno de
los dos elementos (generalmente la justicia) en aras de conseguir el otro, pero
la experiencia de otros países, incluso la nuestra para el caso paramilitar, ha
demostrado con sangre que lograr el silencio de los fusiles, en medio de la
impunidad, sin reparación real de víctimas y sin verdad, es motivar el
surgimiento de nuevos actores violentos y profundos conflictos.
Pensar en la firma
de acuerdos de paz mediáticos y superficiales puede resultar tarea fácil, y de
muchos réditos electorales para cualquiera de las partes firmantes, pero si
estos acuerdos no incluyen y abordan la búsqueda de soluciones a las causas que
originaron el conflicto, a la vuelta de pocos años se tendrá un “nuevo”
conflicto, con “nuevos” actores, más víctimas y mayores niveles de violencia,
producto de las frustraciones y las insatisfacciones que genera la falta de
soluciones sobre lo fundamental.
Con preocupación, y
sin dar mayor compas de espera, se puede y debe decir que el actual proceso de
negociación que lidera el Gobierno Nacional de Colombia con las FARC-EP parece
más un negocio, en donde ambas partes logran ganancias (tierras y participación
política para las FARC-EP y relección y poder para el Gobierno Nacional), en
vez de un verdadero proceso de negociación hacía la paz que propenda por la
reconciliación nacional y el desarrollo humano, social y económico del país. El logro de la paz en Colombia debe ser por la
vía del diálogo político y la negociación escogida por la Gobierno Nacional, y
no por la ruta de las armas y la violencia como sugieren los gritos de la
oposición. Es necesario llegar al momento de la firma de la Paz con las FARC-EP
y el ELN, pero es importante tener claro que en ese momento, el camino apenas
estará iniciando. De la información que la opinión pública conoce del proceso,
no se desprende cual será la ruta certera que conduzca al país hacía el fin de
un conflicto histórico, abordando y solucionando las causas que lo originaron, generando
bases fuertes de equidad y desarrollo social, partiendo del conocimiento de la
verdad, caminando hacia la reparación de las víctimas, garantizando justicia y
sobre todo, reconciliación.
Con este panorama,
la pregunta es: como lograr entonces negociar y lograr la paz en Colombia sin
abandonar las banderas de la justicia?
El caso peruano
muestra una importante luz en el camino, que puede ser tomado como referente y
guía, por supuesto incluyéndole algunas mejoras y ajustes según el contexto y
la problemática específica colombiana. La implementación de la Comisión de la Verdad
y la Reconciliación – CVR en Perú, motivada, solicitada y acompañada por la
Sociedad Civil, en cabeza de la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos,
se muestra como un experiencia positiva en el contexto peruano.
Pensar en una
sociedad civil colombiana organizada, disciplinada y capaz de hacer parte
legítima del proceso de reconciliación nacional, a través de su participación
en una comisión de la verdad en Colombia, es pensar en la construcción y
tránsito hacia una paz integral.
El caso peruano
ilustra al mostrar como la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos sentó
su posición en el conflicto y solicito amnistía para presos políticos, nuevos
juicios para condenados por terrorismo, juicios para graves violaciones de los
Derechos Humanos, y por último, la creación de una comisión de la verdad. Pero
no estaban solos, y fue justamente la cohesión y el grito unísono de la
sociedad civil la que sirvió de motivación al Gobierno de Perú a reaccionar y
encaminarse por las sendas de la reconciliación. Así mismo, en este proceso, la
Asociación Pro Derechos Humanos en su libro “De la tierra brotó la verdad” mencionó
y solicitó la creación de una comisión de la verdad, contrario a los deseos del
Presidente Fujimori, y justo después de la amnistía que el Gobierno Nacional de
Perú le diera a los miembros de la Fuerza Pública involucrados en casos de
violaciones de los Derechos Humanos.
Para el caso
colombiano, y en virtud del deseo nacional de lograr una paz estable y
duradera, y una mejores condiciones sociales en el posconflicto, se hace
necesario e indispensable la creación e implementación formal de una comisión
de la verdad cuyos propósitos principales sean el de establecer la verdad de
todo lo ocurrido durante el conflicto colombiano, la reparación individual y
colectiva de las víctimas del conflicto, la identificación y señalamiento de
los responsables, y además, el planteamiento de reformas estructurales al
aparato estatal.
Ante lo complejo de
la tarea, se requiere definir a los actores en conflicto que harían parte del
estudio que realice la comisión, que para el caso colombiano deberán ser las
FARC-EP, el ELN y las AUC. Además, se deberá definir el tiempo específico sobre
el cual la comisión concentre su estudio, que podrá ser entre los años 1980 y
2015 (esperando que este último sea el año de desmovilización de las
estructuras de las FARC-EP y el ELN), época que enmarca de forma perfecta las
principales violaciones de Derechos Humanos cometidas por todos los actores en
conflicto, incluyendo a los participantes estatales.
Por lo extenso del
período de estudio, la comisión deberá establecer criterios de priorización de
casos, para filtrar y concentrar su labor sobre aquellos que generaron mayor
impacto y devastación del capital social.
La comisión deberá
ser dotada de los recursos necesarios para su funcionamiento durante 24 meses,
y deberá ser conformada por 15 miembros de nacionalidad colombiana y 5
observadores y garantes permanentes internacionales. La escogencia de los
miembros será potestad del Gobierno Nacional, pero deberá ser obligatorio la
inclusión de organizaciones de la sociedad civil.
Para la reparación
de víctimas, la comisión será autónoma en la forma como escoja los mecanismos,
y el Gobierno Nacional deberá, a través de la creación de un fondo nacional, aprovisionar
los recursos necesarios para realizar reparaciones individuales a víctimas
plenamente identificadas y colectivas a zonas, municipios y sectores
identificados. La reparación colectiva podrá ser de manera simbólica, a través
de la construcción de monumentos, y efectiva a través de la ejecución de
inversiones sociales en las zonas afectadas.
Para el
esclarecimiento de la verdad la comisión podrá utilizar como mecanismos la
realización de audiencias públicas con víctimas y grupos de víctimas
previamente identificadas, y la recolección de testimonios de víctimas a través
de entrevistas. La comisión deberá gozar de la autonomía y el poder suficiente
para requerir información y ser atendidos oportunamente por parte de todas las
entidades del Estado colombiano, incluyendo a las instituciones que hacen parte
de la Fuerza Pública.
Así mismo, una vez
sean identificados responsables por parte de la comisión, estos deberán ser
remitidos, junto con el material probatorio, a las instancias judiciales
competentes, quien deberán tomar como prioritarios estos casos que se derivan
del conflicto colombiano, con el objeto de emitir sentencias rápidas para los
actores del conflicto a quienes se les comprueben graves violaciones a los
Derechos Humanos.
Por último, la comisión
de la verdad de Colombia en su informe final deberá incluir una propuesta de
reforma estructural del Estado para que esta sea discutida por el Congreso de
la República, y en un plazo que se defina, poderle contar al país cuales serán
las reformas que efectivamente serán puestas en práctica. Para esta tarea la
comisión tomará como insumo los textos de los acuerdos parciales sobre Reforma
Rural, Drogas Ilícitas y Participación Política que han surgido hasta la fecha
del Proceso de Negociación de La Habana. La propuesta de reforma a las
instituciones del Estado deberá acompañarse de un diagnóstico acerca del estado
actual de las instituciones, y un análisis prospectivo acerca del
funcionamiento y viabilidad de cada entidad. El propósito de este análisis es
el de determinar que entidades e instituciones pudieron haber colaborado o
facilitado el escalamiento del conflicto colombiano, con base en su actual
estructura. Especial cuidado y énfasis deberán tener los comisionados al
analizar a las instituciones pertenecientes a las Fuerzas Militares y de
Policía.
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