El
Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP por sus iniciales en
ingles) realiza, entre sus diversas actividades, el Estudio del Barómetro de
Las Américas, entendido como una serie de encuestas que durante ocho años han
analizado y comparado las actitudes, experiencias, creencias y valores democráticos
de los ciudadanos del continente americano. En el estudio realizado para
Colombia durante el año 2011 denominado “Cultura política de la democracia en
Colombia 2011, actitudes democráticas en la sucesión” se ha incluido el
Capítulo IV. SEGURIDAD CIUDADANA, CORRUPCIÓN Y CONFLICTO ARMADO.
En
el presente ejercicio, se ofrecerán algunas ideas y teorías acerca del
comportamiento de la percepción de seguridad ciudadana y la victimización para algunos
de los componentes del capítulo.
SEGURIDAD
CIUDADANA
Las
cifras y porcentajes muestran como la seguridad se constituyó en la principal
preocupación de los colombianos entre los años 2005 a 2008, desplazada por
preocupaciones económicas en 2009 y 2010 y registrada nuevamente como líder en
la mente de los colombianos en 2011. Aunque el fenómeno estudiado obedece más
al análisis de la situación de seguridad en las ciudades, los resultados pueden
ser entendidos como la respuesta ciudadana a la frustración que causó el
fallido proceso de paz del Gobierno Nacional de Andrés Pastrana con las FARC en
San Vicente del Caguan y la espera por resultados consolidados durante los
primeros años de la Política de Seguridad Democrática del expresidente Uribe Vélez,
que apenas mostraba entre sus logros iniciales el fortalecimiento de la
presencia de la fuerza pública en el territorio nacional y una desmovilización
paramilitar sin mayores claridades para el ciudadano de a pie.
En
el imaginario colectivo colombiano de finales del siglo XX e inicios del siglo
XXI, la seguridad ciudadana se asociaba a la seguridad y defensa nacional, a
pesar de que el aporte del conflicto armado en los homicidios y hurtos del país
no era el mayoritario. En este contexto, salir de un proceso fallido de paz y no
percibir resultados aún en las políticas y directrices del Gobierno Uribe
generaba desesperanza que se transformada en niveles de percepción de seguridad
ciudadana bajos y en niveles altos de preocupación por el fenómeno
delincuencial. Con la llegada de resultados de alto impacto en 2008 como la muerte
de Raul Reyes e Iván Ríos de las FARC, la Operación Jaque y la extradición de
los jefes paramilitares desmovilizados, la ciudadanía comienza a recibir,
festejar y acompañar la Política de Seguridad Democrática, y aunque los
problemas de inseguridad en las ciudades estaban presentes, la esperanza del
fin del conflicto alimentó los altos niveles de percepción de seguridad
ciudadana en 2009 y 2010.
Paradójicamente,
y según datos extraídos de la página web del Ministerio de la Defensa Nacional
de la época, los resultados de tomas guerrilleras, retenes ilegales y acciones
armadas en general de las FARC comienzan nuevamente a aparecer con fuerza a partir
del año 2008, pero la consolidación de la Política de Seguridad Democrática de
Álvaro Uribe Vélez incluyó un fuerte componente mediático, que con consejos
comunitarios semanales, recorridos por el país y los medios y alocuciones
presidenciales que daban cuenta de un presidente ministro, permitió mantener
durante dos años los altos niveles de percepción de seguridad ciudadana, y
sobre todo, alejó de las preocupaciones de los colombianos la seguridad,
desplazada momentáneamente durante el 2009 y 2010 por el desempleo y las
preocupaciones por la crisis económica mundial.
La
situación de seguridad nacional para los años 2009 y 2010 tenía un nuevo
componente, que además de novedoso, le permitió a los colombianos volcar su
mirada a las ciudades y olvidarse momentáneamente de la intensidad del
conflicto en los campos. Además, el manejo mediático de la consolidación de la
Política de Seguridad Democrática hizo que los colombianos sintieran y
percibieran que el conflicto armado estaba llegando a su fin por vía de la
derrota militar de las FARC, a pesar de que las acciones militares de este
grupo armado habían tomado un nuevo aire de fortalecimiento desde 2008.
La
novedad vino por cuenta de las bandas criminales (denominadas BACRIM por la
Policía Nacional), que hacían su aparición en el escenario nacional. El país
comenzó a darse cuenta que el proceso de desmovilización de las Autodefensas
Unidas de Colombia, que tanta esperanza trajo en sus inicios, no estaba dando
los resultados esperados en el mediano plazo. El proceso de desmovilización de
la estructura paramilitar no contó con la debida planeación y la Ley de
Justicia y Paz no pareció ser la formula requerida para una verdadera
reparación, verdad y justicia. De los más de 4 mil procesos que a la fecha se
han acogido a la mencionada ley, solo 7 sentencias han sido emitidas, y solo 3
de ellas han quedado en firme, situación que le entregó a las calles
colombianas 20 mil hombres y mujeres que cuyas únicas habilidades estaban
relacionadas con el gatillo y las balas. A lo anterior se sumó la falta de
planeación en el proceso de reinserción o integración a la vida en sociedad, y
en pocos meses estos 20 mil hombres y mujeres se vieron enfrentados a la dura
realidad del desempleo en Colombia, sumada a procesos de discriminación social
por su condición de exparamilitares. Solo en Cartagena de Indias, por citar un
caso, se pudo evidenciar como a principios de 2007 a los antiguos combatientes
de derecha la comunidad les impidió desarrollar labores de salvavidas en playas,
jardineros en escenarios deportivos o vigilantes del cordón amurallado, pues su
pasado le generaba desconfianza a los residentes y visitantes que recibían su
servicio.
En
las calles de las principales ciudades de Colombia se cocinó entonces una
fórmula macabra, que mezcló a los excombatientes que nunca estuvieron de
acuerdo con el proceso de desmovilización, con los que fueron rechazados y
discriminados socialmente por su pasado oscuro. Con la mezcla en su punto, el
antiguo negocio del tráfico de drogas ilegales los recibió en su seno dando
vida al fenómeno criminal conocido como las BACRIM.
Con
estos antecedentes, se explica entonces el movimiento de la percepción de
seguridad ciudadana entre los años 2008 y 2011 registrado por LAPOP en su
estudio. Ahora bien, desde finales de 2011 y luego hoy en 2012 se podría
anticipar que en una nueva medida de la percepción nacional los resultados
resulten mejores. La muerte de Alfonso Cano y el Mono Jojoy por el lado de la
insurgencia y la captura de Daniel Rendón Herrera, Sebastián y el Loco Barrera
por el lado de las BACRIM, sumado a la esperanza de la paz de los colombianos
luego del inicio de un proceso de negociación entre el Gobierno Nacional y las
FARC en septiembre pasado son los ingredientes necesarios para garantizar no
solo una mejor percepción de seguridad entre los connacionales, sino la
re-elección del Presidente Santos y la permanencia en su cargo al frente de la
Policía Nacional del Mayor General León Riaño.
Resulta
curioso que la percepción de seguridad sea mayor en áreas rurales del país (75.1%),
con relación a la capital de la República (47.8%), en donde a su vez se
registra el menor porcentaje de victimización del conflicto armado en Colombia
(22.2%). Si bien es claro que el fenómeno que aqueja a la capital y a las
ciudades grandes es mayoritariamente asociado al crimen organizado por vía de
las Bandas Criminales (BACRIM), por encima de la subversión, la alta percepción
de seguridad en áreas rurales (medida a finales de 2011) no parece coincidir
con el crecimiento de la dinámica operacional de las FARC desde 2008. Puede
entonces entenderse el fenómeno revisando con detalle las intimidades de la
acontecer cotidiano en las áreas rurales del país, en donde por un lado sus
condiciones de precariedad social los hacen concentrarse en la resolución de
factores económicos principalmente, por encima de los de violencia, y por otro,
su cercanía y costumbre con el conflicto los ha hecho entenderlo habituándose
perversamente a él.
JUSTICIA
En
contraste con los aspectos relacionados con la seguridad, vale destacar los
relacionados con la justicia y la confianza que los ciudadanos tienen sobre el
aparato judicial colombiano. Los registros de percepción de LAPOP muestran que
en 2011 un 48.1% de los encuestados en Colombia confían en que luego de ser
víctima de un delito el sistema judicial castigará al culpable. Esta cifra que
no ha variado significativamente año tras año desde la medición en 2004
(48.6%), ubica a Colombia en el octavo puesto en el continente por debajo de
países con graves crisis de seguridad y justicia como Honduras, o países con
aparatos estatales e infraestructuras no tan fuertes como Surinam, Jamaica y
Guyana. Al respecto, es importante señalar que los permanentes escándalos
judiciales que han sucedido en el país (AIS, parapolítica, yidispolítica, DAS,
Carrusel de la Contratación, etc.) dejan la sensación en el ciudadano de a pie
que delinquir en Colombia no es del todo difícil, pues son muchos los
compatriotas, de toda clase y estrato, que se aventuran al delito. Si bien el
ver tras las rejas a personajes como Andrés Felipe Arias por mencionar solo
uno, es motivo de confianza sobre el aparato judicial, no ha sido posible subir
significativamente los niveles de confianza del ciudadano en este, el Poder
Judicial. La sensación ciudadana generalizada es la de golpes de justicia
esporádica en un país de delitos permanentes, situación que trae como
consecuencia niveles medios de confianza ciudadana.
CONFLICTO
ARMADO
Luego
del análisis que se planteó en principio acerca de la incidencia del conflicto
armado en la percepción de seguridad ciudadana, vale la pena revisar la actitud
de los ciudadanos frente al conflicto. Aunque la alternativa de solución
negociada del conflicto se mantiene en la mente de los colombianos como la
principal frente al uso de la fuerza militar y la combinación de ambas, el
porcentaje de personas que apoyan la negociación con la guerrilla ha bajado
significativamente entre el 2008 (67.1%) frente al 2011 (54.6%). Esta situación
muestra como la población civil ha venido recibiendo y acogiendo la idea de la
derrota militar de las FARC y otros grupos, vendida por la Política de
Seguridad Democrática del expresidente Uribe. Si bien valdría la pena realizar
nuevamente la medición con el actual contexto de negociación del Presidente
Santos, genera preocupación que entre la ciudadanía florezca el concepto de la
guerra sobre el de la paz, situación que también se evidencia en el estudio
cuando el 40.7% de los encuestados opina que a las fuerzas militares deben
brindárseles más libertades y facultades para afrontar el conflicto armado
colombiano, lo que muestra la fuerte influencia de las posturas de derecha
sobre el común de los ciudadanos.
En este orden de ideas, se puede concluir, como era de esperarse, que la percepción ciudadana sobre temas de seguridad, justicia y conflicto armado, más que obedecer a experiencias propias de vida en cada ciudadano relacionadas con el delito, se ha movido al ritmo de las políticas, acontecimientos y actuaciones estatales, situación que puede incrustar errores al momento de la formulación de políticas públicas en materia de seguridad y convivencia ciudadana.
