Es la cárcel la forma más adecuada de castigo para todo criminal?
Con
la industrialización del mundo desde finales del Siglo XVIII, el ser humano se
acostumbró a lo que pareciera ser un único estilo de vida: el de los
estándares, los procesos, las medidas exactas, y hasta el de los veredictos
iguales. Con este nuevo estilo de vida la
humanidad comenzó a moverse similar en lo político y en lo social, pero también
en lo comercial, en lo industrial y en lo penal. Con la aplicación de normas
estandarizadas en los diferentes escenarios de la vida, el ser humano logró
facilitar su supervivencia y logró desarrollo; pero, será con estándares la
única manera de vivir?, serán los estándares aplicables al 100% de situaciones,
problemas, vivencias y retos?.
Aunque la respuesta a los interrogantes requiere de un estudio tan amplio como profundo, que incluya diversos escenarios de la vida cotidiana, este escrito se concentrará en ofrecer algunas reflexiones sobre la aplicación de estándares en el mundo de la criminología y los castigos penales.
Los
diferentes códigos y leyes de lo penal alrededor del mundo, y en particular el
del caso colombiano no están ajenos a la aplicación de estándares al memento de
aplicar penas y castigos a quienes infringen lo establecido en el
correspondiente orden constitucional. Los códigos y leyes contemplan tiempos de
permanencia en cárcel (o rangos de tiempo según la gravedad) para los
infractores según el delito cometido, y bajo estos parámetros se mueven jueces
y fiscales; y a decir verdad, no parecieran haber otros métodos para mantener
una dinámica fluida, ordenada y coherente en el aparato judicial de un país
democrático. En general, según parece, son y deberán ser los estándares documentados
en penas y castigos quienes orienten y acompañen la actividad judicial, pues,
desde la óptica del derecho a la igualdad, es la manera de mostrar orden y
justicia tanto a victimarios y a víctimas, como a ciudadanos que requieren del
ejemplo como mecanismo de educación social.
Ahora
bien, se entiende que la aplicación de estándares a procesos que se comportan
de manera regular, casi idéntica en el tiempo, es lo más aconsejable, pero al
hablar de delitos y sobre todo, de comportamientos criminales y en general del
comportamiento humano, no parece posible hablar de estándares. El comportamiento humano, y sus desviaciones delictivas no son
predecibles ni obedecen a pasos, etapas o fases que pueden ser leídas en un
manual de procedimiento. La forma como se desarrollan los actos delincuenciales
que la opinión pública ha conocido en los últimos años muestran como en su
curso el perpetrador parece ir tomando decisiones que van cambiando el rumbo,
el alcance y hasta las consecuencias del hecho delictivo. El crimen no es
estándar.
En
este orden de ideas, aunque la aplicación de penas estándares sea el escenario
general, y por demás, el ideal para efectos de agilidad y transparencia, todo
sistema de aplicación de justicia debería incluir en su ordenamiento la
posibilidad de revisar y estudiar a fondo cada caso para determinar de manera
particular las penas y castigos que más se ajusten a cada hecho criminal. Cada
suceso debería tener su propio tratamiento y debería concluir, para el
victimario e incluso para la víctima, de manera diferente, según las
valoraciones que hagan expertos criminólogos al revisar detalles de los
acontecimientos.
Para
pensar en un sistema penal con estas características se requiere y se exige que
quienes estén al frente de la aplicación de justicia y sus áreas relacionadas
gocen de las más altas calidades y cualidades académicas, de experiencia, y
sobre todo de honestidad, objetividad y transparencia. Pensar en penas
altamente diferenciales en un sistema como el colombiano, por citar tan solo un
cercano ejemplo, es pensar de inmediato en impunidad, en favorecimientos
indebidos, en conflictos de intereses, y en general en desorden y caos judicial.
Se requiere de funcionarios probos y capaces, y de sociedades maduras que
puedan entender y aportar en esta construcción de justicia.
Aunque
hay avances en este sentido en Colombia, que muestran algún tipo de estudio y
revisión de los casos y hechos punibles, hay que decir que en estos tiempos de reformas
a la justicia y de escándalos políticos y económicos de grandes dimensiones,
todavía la sociedad criolla (jueces, abogados, fiscales y ciudadanos de a pie)
no está lista, no está madura para revisar, analizar, digerir y conceptuar con
objetividad sobre la actividad criminal. Odios, pasiones, ignorancia, clases
sociales, subjetividad, poder, intereses y dinero están aún presentes en los
raciocinios de los ciudadanos, pero también en las reflexiones de quienes
ostentan la alta dignidad de impartir justicia.
Está
conclusión salta a la vista en todo tipo de conversaciones e interacciones
sociales que desde lo informal y cotidiano muestra lo disímil de los conceptos de
la gente sobre temas como el aborto, la homosexualidad, la violencia entre
géneros, el narcotráfico, el paramilitarismo, la guerrilla, la política y hasta
la macroeconomía.
Solo
sociedades maduras pueden entender que en un caso criminal como el de Friedhelm Fähner en
Rottweil, por citar un ejemplo, una pena abultada no es garantía de justicia, pues al revisar y
analizar con detalle todo el caso se puede ver que Friedhelm Fähner antes de ir
a prisión ya ha sido castigado. Aunque en la actualidad hay serias dudas del
papel de recomposición y regeneración de las cárceles, es importante tratar de
ver que especialmente en un caso como este, la cárcel no ofrece ningún tipo de
castigo ni tampoco posibilidad de resocialización, y por el contrario, si
Fähner fuese más joven, podría con certeza formar a un futuro criminal.
Con
penas iguales, con castigos estándares 100% dentro de un sistema de justicia
que no analiza desde la óptica del comportamiento humano, sino que solo aplica fórmulas
escritas, se correría el riesgo de otorgar castigos iguales (o parecidos) a
criminales con motivaciones, actuaciones y desviaciones diferentes. Esta
situación, en algunos casos, podría enviar mensajes equivocados a la sociedad,
tratando con suavidad a delincuentes que actuaron con intensión de causar
dolor, y con severidad a ciudadanos que cometieron desafortunados errores.
Es
el reto y la obligación de los sistemas de aplicación de justicia ofrecer
tranquilidad a los ciudadanos, garantías a los imputados, y además, verdad y
reparación a las víctimas. En atención a
esta última obligación, la relacionada con las víctimas, se hace
indispensable que cada análisis, que cada estudio de un caso criminal se haga
con la mayor rigurosidad y transparencia posible, pues una víctima mal atendida
puede convertirse en un futuro delincuente que convierte su sed de venganza en
una motivación criminal.
En
virtud de lo anterior, los sistemas de aplicación de justicia deberían incluir además,
algún tipo de acompañamiento a las víctimas que deja un hecho delictivo. Deberán
ser los familiares de la víctima actores fundamentales de un proceso judicial,
representados por supuesto por un jurista que pueda facilitar el acceso a la
información del caso, y que además regule su participación, con el objeto de
evitar impunidad, pero también de evitar que el dolor de víctima interfiera con
el análisis riguroso y transparente del hecho punible.
En
el caso mencionado de Friedhelm Fähner en Rottweil no se profundizó sobre los familiares y amigos de la esposa
de Fähner, aunque si sobre el rol de víctima que le tocó asumir al asesino en
virtud de su juramento de recién casados. Aquí se constituye un nuevo reto para
la implementación de sistemas judiciales con análisis de casos de manera
rigurosa y profunda, y es el de las motivaciones anímicas y mentales de un
victimario. Para Fähner y su honor no habían opciones, no habían puntos
intermedios. La manera de terminar con una relación tormentosa era con la
muerte de él o de su pareja.
Con
base en todo lo anterior, se requiere de un sistema judicial riguroso, transparente, analítico, fortalecido
institucionalmente, conformado por funcionarios formados, experimentados y
comprometidos, y capaz de diferenciar cada caso según su impacto, motivaciones,
consecuencias y actuaciones de los involucrados.
Urge entonces un sistema de aplicación de justicia capaz de entender que el deseo de aborto de una joven irresponsable de 18 años que se embarazó después de una rumba desenfrenada es diferente del deseo de aborto de una joven que fue violada por varios hombres; capaz de diferenciar el presunto homicida de Luis Andrés Colmenares, del homicida accidental que resulta por defender a varias mujeres indefensas en medio de una riña; capaz de analizar, diferencias y aplicar la ley con objetividad. Urge entonces un sistema capaz de entender que el comportamiento criminal no es estándar.
Termino entonces con la pregunta inicial: es la cárcel la forma más adecuada de castigo para todo criminal?
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