sábado, 6 de octubre de 2012

Síntesis del estudio del Barómetro de Las Américas 2011 para seguridad ciudadana, corrupción y conflicto en Colombia

CARLOS II BARRERA SÁNCHEZ

El Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP por sus iniciales en ingles) realiza, entre sus diversas actividades, el Estudio del Barómetro de Las Américas, entendido como una serie de encuestas que durante ocho años han analizado y comparado las actitudes, experiencias, creencias y valores democráticos de los ciudadanos del continente americano. En el estudio realizado para Colombia durante el año 2011 denominado “Cultura política de la democracia en Colombia 2011, actitudes democráticas en la sucesión” se ha incluido el Capítulo IV. SEGURIDAD CIUDADANA, CORRUPCIÓN Y CONFLICTO ARMADO.

A continuación se esbozará una síntesis de los principales resultados obtenidos en la encuesta de Colombia en 2011, específicamente en lo relativo al Capítulo IV.

SEGURIDAD CIUDADANA

Para la pregunta “En su opinión ¿Cuál es el problema más grave que está enfrentando el país?” Se agruparon las respuestas en cuatro categoría, siendo dos de ellas la seguridad y el conflicto. La respuesta muestra que de 2005 a 2008 el problema que más ocupaba la mente de los colombianos se relacionaba con la seguridad y el conflicto; en 2009 y 2010 esta preocupación fue desplazada por los problemas económicos y en 2011 el problema de la seguridad y el conflicto retoma nuevamente el primer lugar. Si se mira específicamente el problema de la seguridad, aunque no es la principal preocupación de los colombianos, se nota un incremento entre los años 2010 y 2011 pasando de 7.4% al 12.4%. El aumento en la mención de la seguridad ha sido especialmente importante en Bogotá y en la Región Pacífica. Además, es en el área urbana en donde de manera más pronunciada (14.1% frente al 7.3% del rural) se muestra el aumento en la preocupación por la seguridad en el país.

El Barómetro de Las Américas incluyó en este capítulo una batería de preguntas destinadas a medir percepción de seguridad y episodios de victimización por diferentes categorías de delitos. Frente a temas de seguridad y justicia se preguntó “Hablando del lugar o el barrio donde usted vive y pensando en la posibilidad de ser víctima de un asalto o robo, ¿usted se siente muy seguro, algo seguro, algo inseguro o muy inseguro”. En los resultados se puede notar que a pesar del crecimiento de la seguridad como preocupación de los colombianos, los niveles de percepción de seguridad no se deterioran significativamente, pasando, por ejemplo, de 65.9% en 2010 a 64.3% en 2011. Como ha sido habitual, Bogotá es la región de menor percepción de seguridad con 47.8% y la Región Caribe registra un 65.8%. Además, la percepción de seguridad es significativamente menor en ciudades medianas y grandes, con relación a ciudades pequeñas y área rural.

Siendo más específicos, al revisar la problemática de pandillas con la pregunta “¿Hasta que punto diría que su barrio está afectado por pandillas?. Los resultados muestran a las grandes ciudades como las más afectadas, notándose como en Bogotá el 63.1% de los ciudadanos percibe en su barrio la problemática, contra un 10.1% en áreas rurales del país.

Ampliando el panorama de estudio se incluyó la pregunta “Hablando del país en general ¿Qué tanto cree usted que el nivel de delincuencia que tenemos ahora representa una amenaza para el bienestar de nuestro futuro?. Al respecto, en 2011 el 91.5% de los encuestados percibe la delincuencia como una amenaza, resultando el dato ligeramente superior al registrado en 2010 (89%), y en general a los registrados desde el 2004, todos superiores al 87%. Y es justamente en ciudades grandes y en la capital de la República donde se percibe más a la delincuencia como una amenaza al bienestar y futuro del país con un 93.5% en la capital y 93% en las 3 ciudades grandes. Más allá de la percepción de seguridad, los colombianos tienen un nivel de confianza relativamente alto en el sistema de justicia. En el estudio comparativo de 2010 comparado con el resto del continente, Colombia aparece con un nivel de confianza a La justicia del 52.8%, por debajo de Surinam que registra el 59%, Uruguay con el 57.5%, Honduras con el 55.6%, Canadá y Panamá con el 53% y por encima de Estados Unidos que registra niveles de confianza en la justicia del 51%, Brasil con el 50.9%, México con el 48.1%, Chile con el 47.4%, Venezuela con el 37.8% y Argentina con 36.4%. Para el caso colombiano los niveles de confianza en el aparato de justicia no han tenido variaciones significativas desde el año 2004 (51.6%) hasta el 2011 (51.8%). Se destaca con estos resultados que el protagonismo en medios del sistema de justicia en los hechos de los últimos años en Colombia (AIS, parapolítica, Carrusel de la Contratación, Yidispolítica, DAS, etc.) no ha afectado ni positiva ni negativamente la confianza ciudadana.

Ahora bien, revisando con detalle el tema de la confianza, con la pregunta “Si usted fuera víctima de un robo o asalto ¿cuánto confiaría que el sistema judicial castigaría al culpable?, aunque no hay variaciones significativas en el tiempo (2004: 48.6% confiaría, 2011 48.1% confiaría), y los valores son similares igualmente a los obtenidos en la pregunta anterior, si se nota un bajón de confianza en la escala comparada con los otros países del continente hecha en 2010. Al respecto Estados Unidos lidera la tabla con el 62.8% de los ciudadanos confiando que su sistema de justicia castigará a los culpables, y aparecen por encima de Colombia países como Panamá con el 58.6%, Honduras con el 54.4% y Canadá con el 51.4%. Por debajo de Colombia que registra un 49.8% de confianza entre sus ciudadanos se encuentran países como Chile con el 38%, Venezuela con el 36.2%, Bolivia con el 35.4%, Argentina con el 32.4%, México con el 31.4% y de último Ecuador con el 26.4%.

Examinando episodios de victimización en Colombia, y entendiendo las dificultades que existen al analizar fenómenos delincuenciales por la abundante existencia de la cifra negra o el subregistro, se plantearon varias preguntas tendientes a establecer si los encuestados o sus familiares y amigos han sido víctimas de delitos en los últimos doce meses, y si lo fueron, cuantas veces ocurrió. En 2011 el 19.1% de los encuestados manifestó haber sido víctima de algún delito contra el 20.5% del 2010, y el 14.4% del 2004. El promedio de veces que estas personas fueron víctimas en un año fue de 1.9 veces, y el robo con arma ocupó el primer lugar de los delitos con el 41.4% en 2011 (34.5% en 2010), seguido del robo sin arma ni agresión con el 32.3% en 2011 (26.7% en 2010). El 40% de los eventos delictivos ocurrió en el municipio de residencia de la víctima y un 15% en un municipio diferente. La proporción de delitos ocurridos en el hogar de la víctima bajo de 21% en 2010 a 14% en 2011.

CORRUPCIÓN

Al estudiar el fenómeno de la corrupción en Colombia se destaca en la pregunta inicial relacionada con el problema que más aqueja al país, que la corrupción era una preocupación secundaria entre los años 2005 y 2010, pero en 2011 la medida registró un fuerte repunte alcanzando un 12% de los colombianos que lo consideran su mayor preocupación para el bienestar y futuro del país. El mayor registro en los 6 años anteriores fue de 4% en el 2010. En la escala de problemas reseñado por los encuestados como los que generan mayor preocupación la corrupción aparece en el tercer lugar superado por la violencia (21%) y el desempleo (20%).

La percepción de corrupción se exploró con la pregunta “Teniendo en cuenta su experiencia o lo que ha oído mencionar, ¿la corrupción de los funcionarios públicos en el país que tan generalizada está?. Los resultados muestran que en 2011 el registro de percepción sobre la corrupción fue el más alto desde la medida del 2004 con un 81%, aunque el aumento entre año y año no ha sido notorio. Al revisar la actitud de los ciudadanos frente a la corrupción, en 2011 el 14.6% de los encuestados justifica pagar un soborno en algunas ocasiones, cifra alta en comparación con el resto de países del continente, aunque inferior a la registrada en la medida del 2010 (19.1%) y a la del 2009 (25.2%) en Colombia. Y se completó el análisis sobre corrupción con el estudio de la victimización por la corrupción. Los resultados a diversas preguntas muestran que en 2011 el 11.2% de los ciudadanos manifiesta haber sido víctima de un requerimiento de soborno por parte de un policía o funcionario público en los últimos 12 meses. El porcentaje es relativamente estable desde la medida del 2004 (12.8%), e inferior a los que se registran en otros países de la región. Claramente no existe una correspondencia entre los niveles de corrupción percibida por los colombianos y las experiencias  concretas de corrupción que les ha tocado vivir.

CONFLICTO ARMADO

Lo primera sea decir que según la pregunta inicial del estudio, el conflicto armado fue para los colombianos el principal problema hasta el año 2008, mostrando del año 2007 al 2008 un incremento notorio de las personas que mencionaban el terrorismo o el conflicto como su principal preocupación en el país llegando a un 63.7% de los encuestados. A partir del año 2009 las cifran caen llegando a un 28.3% en 2011.

Con relación a la actitud de los colombianos frente al conflicto, los resultados muestran que el porcentaje de personas que prefiere una salida negociada del conflicto con la guerrilla y paramilitares ha venido disminuyéndose en los últimos años pasando, para el caso de la guerrilla, de 69.2% en 2008 a 53.6% en 2011, y del paramilitarismo de 67.1% en 2008 a 54.6% en 2011, aunque aún se mantiene como la primera opción de los colombianos por encima del uso de la fuerza militar o de una combinación de ambas. Estos resultados se complementan con los arrojados sobre el bajo nivel de confianza que los colombianos tienen frente a los actores armados. Así mismo, con una medida del 40.7%, los encuestados exigen mayores libertades para los militares para afrontar el conflicto, contra un 6% de encuestados que prefieren que se les de mayor influencia política a las FARC, y un 4.8% que prefieren que se les otorgue mayor influencia política al paramilitarismo como salidas al conflicto.

También fueron examinados los procesos de justicia transicional con la pregunta inicial “Los miembros de grupos guerrilleros y paramilitares que han confesado sus crímenes no deben ser castigados?”. Con medidas siempre por debajo de 17 puntos sobre 100 entre  los encuetados de izquierda, derecha y centro, los resultados muestran que los colombianos no parecen estar muy dispuestos a que se perdonen los crímenes de los grupos alzados en armas en el conflicto. Es importante resaltar que solo el 31.9% de los encuestados dice conocer la Ley de Justicia y Paz, y entre los que conocen la ley 51.4% creen que puede servir para la reparación de las víctimas, 47.9% piensan que puede servir para garantizar justicia y 57.5% para conocer la verdad.

Por último, para conocer la victimización por el conflicto se incluyeron preguntas para conocer si el encuestado, un familiar o amigo ha sido víctima del conflicto armado por muerte o desplazamiento. El 24.6% de los encuestados a perdido un familiar, el 19.5% tienen un familiar desplazado y el 4.6% tiene un familiar exiliado. Es Bogotá la región con el menor porcentaje de víctimas del conflicto (22.2%) y los antiguos territorios nacionales la mayor (57.4%).

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